Reforma eléctrica: Inicia discusión en comisiones de Cámara de Diputados
Legisladores integrantes de las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados iniciaron este lunes el proceso de discusión y votación del dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un clima de tensión, con reproches y el anticipado voto en contra del PAN, PRI, PRD y MC, los legisladores debaten la propuesta del Ejecutivo, que contiene, entre sus puntos centrales, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en un organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control.
La reforma busca que la CFE se integre como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales; y que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpore a la CFE, en lo que corresponda.
También se establece que la CFE quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad; que los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelen, así como las solicitudes pendientes de resolución.
Además, la iniciativa pide que la CFE desarrolle el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación en por lo menos el 54 por ciento de la energía eléctrica requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta el 46 por ciento.
Los diputados revisarán los cambios que Morena hizo de inicio al dictamen, que incluyen un nuevo artículo transitorio, el octavo, que precisa que se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt.
Se precisa la inversión que se respeta, que se reconoce, que no se impugna, a la que se le da a una categoría de legalidad de las empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Aclara que se respetarán “las centrales que han producido generación eléctrica de los llamados productores independientes que no hayan tergiversado permisos ni sobrepuesto condiciones a los contratos; las centrales que hayan estado despachando para autoabastecimiento auténtico, no para revender a socios que no lo son en realidad, sino clientes”.
Se establece que “los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE”.