Evita Durazo corruptelas con nueva Ley de Notarías
Evita Durazo corruptelas con nueva Ley de Notarías
Para evitar corruptelas y que las notarías en Sonora no sean entregadas por compadrazgo, amiguismo, por cuotas políticas o al mejor postor por los gobiernos estatales, el Congreso del Estado aprobó la propuesta del gobernador Alfonso Durazo de una Nueva Ley de Notarías.
En algunos gobiernos anteriores fue común al finalizar el sexenio la entrega de notarías a funcionarios de esa misma administración estatal, pero ahora con la nueva Ley de Notarías propuesta por Durazo establece el impedimento para que personas que trabajaron en el servicio público accedan en automático a una patente notarial.
La legislación fija un impedimento a personas funcionarias públicas que aspiren a una patente por el tiempo proporcional al que prestaron su servicio en el gobierno; prohíbe que el Ejecutivo otorgue nuevas patentes de notarios en su último año de administración, y contempla el principio de paridad de género en la designación de las titularidades de las notarías públicas en el Estado.
De igual forma, la nueva legislación notarial propuesta por el gobernador Durazo y aprobada por el Congreso del Estado tiene un nuevo marco jurídico que ofrece procedimientos mejor definidos que ponen como prioridad el interés público con el fin de garantizar la seguridad jurídica en los actos que realicen los fedatarios públicos y no se repitan las historias negras del notariado como el escándalo del llamado Fraude Inmobiliario para despojar a personas de sus patrimonio en complicidad con notarios.
En el caso del Fraude Inmobiliario los fraudes tuvieron lugar entre agosto del 2021 y enero del 2022. Los presuntos delincuentes se hacían pasar por agentes inmobiliarios con documentación apócrifa e incurrían en compra-venta de casas, enajenando a unas personas de su dinero y a otra de sus bienes inmuebles.
A principios de diciembre del 2022, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, procesó a 11 personas por fraudes inmobiliarios en Sonora, entre esas personas sujetas a procedimiento penal estaban 3 notarios y un servidor público en ese tiempo director del Catastro Municipal.
En esa fecha, el fiscal anticorrupción Rogelio López, informó que tres de estas personas sujetas a proceso penal eran notarios, uno de ellos con cinco causas penales abiertas, otro lleva a cabo su procedimiento penal por una sola ocasión.
El fiscal anticorrupción detalló que los delitos que se cometieron en los denunciados fraudes inmobiliarios destacan el fraude, la falsificación de documentos, de sellos y de firmas, también tenemos el abuso de autoridad y la usurpación de identidad.
Sobre las corruptelas en notarías como el fraude inmobiliario, como diría el gobernador Durazo,“ todo eso se acabó” con la nueva Ley de Notarías al garantizar la certeza jurídica de los actos de los fedatarios públicos, y se otorgan facultades al gobierno en turno para actuar de inmediato ante denuncias de irregularidades frente a un notario que incumpla con las disposiciones de ley, como la causal de retiro de patente.
De igual forma, las notarías ya no serán entregadas por los gobernadores por amiguismo o compadrazgo a sus secretarios en la administración pública como sucedía hasta que Durazo reformó la legislación, pues con el nuevo marco jurídico se fortalecen todos los requisitos para los aspirantes a una notaría, porque además de fijar al aspirante esperar el mismo tiempo que ocupó como servidor público, se revisará que no tengan antecedentes penales ni registro de deudores alimentarios.