Fallo de la Corte contra plan B es por ‘presiones políticas’, acusa Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó que la decisión del ministro Javier Laynez, de invalidar el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, es producto de un “activismo judicial” debido a “presiones políticas”.

Afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir el amparo interpuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral, “parece un activismo judicial de uno de los ministros”.

Señaló que “sería muy lamentable que la decisión del Poder Judicial en México estuviera meditada a partir de fobias personales” y advirtió que la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, “es una pérdida de rumbo y brújula en función de presiones de carácter político”.

“Parecería que es un activismo judicial, que es un activismo por parte del ministro, que pierde brújula, en función de presiones de carácter político, de afinidades partidarias, que las debería de dejar en el perchero de su casa y no hacerse acompañar de ellas en la Corte”, sostuvo.

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Señaló que en este momento queda en un “impasse” toda lo que corresponde a la reforma electoral, derivado del recurso que tramitó el INE; lo que “pone a prueba la verdadera división de poderes, la imparcialidad de los jueces, en este caso por parte de los ministros integrantes de la Suprema Corte”.

Al respecto, refirió que el año pasado se presentó a través del Titular del Ejecutivo una reforma judicial con el consenso y trabajo previo de todos los integrantes del Poder Judicial y una participación activa por parte de la propia Judicatura Federal.

Con ello, dijo, se buscaba acabar con el nepotismo y con la discrecionalidad en la interpretación de la ley, que establece la propia Constitución de la República y distinguir sólo aquello que tiene en la interpretación de la ley alguna duda, lo que se le llama “partes oscuras”.

Lo anterior con el fin de “ir entendiendo a la justicia como la posibilidad de que se le garantice al pueblo de México en la división de poderes y en la impartición de justicia vivir en un efectivo estado de derecho”.

Confió en que el buen criterio y el buen juicio analítico e interpretativo por parte de los ministros “se ponga de lado para que vivamos en un país verdaderamente democrático”.