Mara Salvatrucha y Barrio 18, las pandillas que generan temor en la frontera entre México y Guatemala

Con llamadas telefónicas amenazantes, minibuses quemados y al menos tres conductores asesinados a tiros, las pandillas callejeras más estrechamente asociadas con Centroamérica están imponiendo su marca de extorsión basada en el terror a los conductores de transporte público en el sur de México.

Los grupos del crimen organizado, incluidas las pandillas rivales Mara Salvatrucha y Barrio 18, han mantenido durante mucho tiempo una presencia a lo largo de la frontera entre México y Guatemala, pero las autoridades mexicanas dicen que su número ha aumentado en el último año a medida que El Salvador toma medidas enérgicas contra los pandilleros y sus empresas criminales.

Los conductores de las camionetas de pasajeros y taxis de los que dependen las personas para el transporte en Chiapas, en gran parte rural, dicen que viven temiendo por su sustento o sus vidas.

Han dado la voz de alarma, realizando paros temporales para llamar la atención de las autoridades. El dueño de una empresa de transporte en Tapachula ha comenzado a mudarse con guardaespaldas.

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Choferes admiten haber pagado extorsión

Algunos admiten haber pagado la extorsión, después de haber visto lo que les sucede a los que no lo hicieron.

“Si no hacemos nada vamos a ser un poco (El) Salvador”, dijo un líder de conductores en la ciudad de Huixtla, donde un conductor fue baleado por dos hombres en una motocicleta en febrero pasado. El hombre pidió el anonimato, por temor a represalias de pandillas.

Los conductores en Huixtla mostraron a The Associated Press comprobantes que datan de hace un año, documentando los pagos.

Generalmente, comienza con alguien que sube a bordo del autobús y le entrega un teléfono al conductor, a veces mientras apunta con un arma a la cabeza del conductor. Se les dice a los conductores que den el teléfono al propietario del autobús, furgoneta o taxi, estableciendo una línea directa de comunicación.

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Entonces comienzan las amenazas

Las personas que llaman muestran a los propietarios que saben quiénes son, dónde viven, sus rutinas y sus medios de vida, según grabaciones revisadas por AP. Hablando con distintivos acentos centroamericanos, jerga salvadoreña y vulgaridad, piden 50 pesos inicialmente y luego 50 por mes por cada camioneta o taxi, dijo un representante de los conductores en Tapachula. que también pidió el anonimato por miedo.

El último ataque se produjo el lunes, cuando un hombre no identificado disparó contra la terminal local de autobuses en Cacahoatan.

Nadie resultó herido, pero las balas alcanzaron una camioneta estacionada y llevaron a los conductores a suspender el servicio.

El tirador huyó con otro hombre en una motocicleta. A principios de este mes, una camioneta fue incendiada en el mismo municipio.

Las autoridades locales formaron un grupo de trabajo antipandillas y colocaron policías en centros de transporte, y el mes pasado el ejército mexicano desplegó 350 soldados adicionales en comunidades a lo largo de la frontera con Guatemala.

“La intención es apoyar a la población civil para disminuir los homicidios vinculados al crimen organizado y el nivel de violencia que ha ido en aumento en los últimos días”, dijo Ángel Banda Lozoya, comandante del regimiento del ejército local.

Pero los conductores permanecen expuestos mientras hacen paradas frecuentes en largas rutas rurales, y el poder militar no puede sofocar fácilmente una amenaza que llega sin ser vista, a través de llamadas y mensajes amenazantes.

José Mateo Martínez, fiscal del estado de Chiapas para asuntos migratorios, dice que la ofensiva de El Salvador contra el crimen organizado está detrás del aumento de la actividad criminal en México.

“La gente viene a esconderse de eso, pero también hay líderes de pandillas que vienen a crear un grupo criminal aquí”, dijo.

En marzo de 2022, El Salvador suspendió algunos derechos constitucionales en reacción a una explosión de violencia.

El estado de excepción ha continuado desde entonces, a pesar de las amplias críticas de las organizaciones de derechos humanos, con más de 60 mil personas arrestadas bajo sospecha de vínculos con pandillas.

La aplicación de la ley ha sido menos contundente entre los vecinos de El Salvador: desde 2018 hasta noviembre de 2022, México arrestó y deportó a 97 salvadoreños presuntamente vinculados a pandillas, principalmente en los últimos dos años, según la oficina del fiscal del estado de Chiapas.

vecina Guatemala deportó a 90 presuntos pandilleros salvadoreños el año pasado, dijo el portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy.

Pero otro líder de transporte de Tapachula, que pidió el anonimato porque temía represalias, insistió en que estos extorsionistas son gángsters centroamericanos, no miembros de cárteles mexicanos.

La extorsión del transporte local ha sido una línea clave de sus ingresos en El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo en agosto que la extorsión a ese sector había disminuido drásticamente.

Su ministro de Transporte estimó que las compañías de autobuses habían dejado de pagar unos $50 millones a las pandillas.

Otras autoridades han anunciado algunos éxitos: en agosto, la policía mexicana desmanteló una célula de pandillas que vendía drogas y robaba clientes en un bar en Tapachula.

Una de las cinco personas capturadas tenía una orden de arresto pendiente de El Salvador y fue deportada.

En noviembre, las autoridades mexicanas arrestaron y deportaron a El Salvador a un presunto líder de la pandilla Barrio 18, sospechoso del homicidio de seis personas en San Salvador en 2020.

Las autoridades de El Salvador dijeron que había huido a México con su familia y otros pandilleros para evitar ser capturado bajo los poderes especiales de emergencia de El Salvador.

Y el 3 de enero, Guatemala capturó y deportó a un pandillero salvadoreño que tenía múltiples órdenes de arresto por cargos que iban desde asesinato agravado hasta terrorismo.

Pero las personas que dependen del tránsito en el sur de México siguen insatisfechas. Hay un vehículo policial estacionado diariamente en la estación local en Tapachula donde las camionetas llegan y salen constantemente, pero sus conductores permanecen expuestos.

Dos de los asesinatos ocurrieron al noroeste de Tapachula, cerca de la costa del Pacífico. En septiembre, un hombre se bajó de una camioneta que conducía la ruta entre Tonalá y Arriaga y le disparó a la conductora. A finales de octubre, un conductor fue baleado en Mapastepec por dos hombres en una motocicleta, no lejos de la terminal local.